Como venimos tratando en la saga #ContratosComplejos, la recolección de los residuos urbanos es uno de los grandes problemas que afrontan las ciudades en todo el mundo.
En Bahía estuvo mayormente en manos privadas desde el regreso de la democracia.
Es que en 1982 se decidió que el Municipio deje de manejarla y la primera empresa que agarró fue Luthdurn en 1983.
Un año después se cambió por Venturino Eshiur y en 1985 apareció la firma Aseo, que se quedó hasta 1991.
Ese año el Municipio se la dio a Bahía Ingeniería Ambiental-Cliba que estuvo hasta 2008.
Ahí se la reemplazó por Covelia, que se mantuvo hasta la creación de Bahía Ambiental Sapem (BAS).
Hoy BAS es el mayor proveedor del Municipio.
Y el Municipio es el principal accionista de BAS, con el 99%.
Sí: el 99% de las acciones de BAS es del Municipio y apenas el 1% es de la Ecoplanta de General Daniel Cerri.
Este año el Municipio le transfirió casi 7.000 millones de los 24.000 que tiene presupuestados.
La empresa brinda servicios tan variados como el de recolección domiciliaria de residuos, barrido manual y mecánico de calles, limpieza y desobstrucción de sumideros, levantamiento del barrido, transporte y disposición final de residuos, servicios especiales de barrido y recolección, erradicación de basurales, y otras cosas más.
El contrato de la Sapem Ambiental lo realiza la Subsecretaría de Gestión Ambiental a cargo de Gastón Lucatini, de la secretaría de Gobierno de Marcos Streitenberger.
Y es muy simple: la tarifa de la tonelada de basura la redeterminan cada 15 días, sin pasar por el Concejo Deliberante a diferencia del boleto de colectivos, por ejemplo.
Sucede lo mismo con la empresa que maneja el relleno sanitario, Ingeniería y Arquitectura. Cuando desde la Secretaría de Economía de Juani Esandi actualizan la tarifa del relleno, hacen lo propio con la tarifa de BAS.
Sumado a esto, es importante aclarar que BAS cobra a los 2 o 3 días de presentadas las facturas. A diferencia del resto de los proveedores de la Muni que cobran a 40, 60 o 90 días.
Un ejemplo: Bahía Ambiental Sapem presentó la factura 003-00000624 con fecha el 25/01/2023, por un monto de 100 millones de pesos.
Dicha factura fue cancelada por el Municipio, según el expediente 314/2023, y la orden de pago 1152 con fecha el mismo día de presentación de la factura, el 25 de enero, por el total del monto de $ 1000.000.000 (número de cancelación 1515).
Existe así un cuidado especial con Bahía Ambiental Sapem para no enojar ni al Sindicato que conduce el secretario general de Camioneros Bahía Blanca, Roberto Arcángel, flamante concejal del bloque de Unión por la Patria, ni a los proveedores de la empresa.
De hecho el único problema que hubo con la basura en los 8 años de Gay fue cuando Arcángel paralizó la recolección porque había renunciado Ernesto Aguirre como presidente de BAS y el Municipio no lo había reemplazado. Al tiempo que se hablaba de privatizar la empresa…
El resto de los conflictos relacionados con los residuos desde que está BAS fueron quejas y denuncias de recolectores informales del relleno que no los dejaban vaciar los camiones.
En síntesis: siempre hay dinero para hacer cosas y contratar servicios. Con un nivel de control bastante deplorable y poco decoroso para el manejo de fondos públicos de todos los bahienses: hay cero transparencia.
Cómo nació Bahía Ambiental Sapem
En 2012, después de meses de conflicto con la empresa Covelia, que se encontraba a cargo de la recolección de la basura, el gobierno de Gustavo Bevilacqua decidió crear una sociedad anónima de mayoría estatal: la Bahía Ambiental Sapem.
O sea, que en vez de dársela a una empresa privada decidió que la administre el propio Municipio, pero sin los controles propios de un gobierno: manejando los contratos y recursos económicos de manera prácticamente libre.
Aunque formal y jurídicamente no, la realidad es que las Sapem funcionan como una empresa estatal, de la cual el Municipio tiene el 99% de las acciones y el control absoluto y total de todo lo que se hace.
También es financiada por el propio Municipio, que se auto paga por recolectar los residuos casa por casa y otros servicios, pero los controles son mucho menos de los que tiene el gobierno Ejecutivo.
Covelia venía con serias deficiencias en el servicio. Cabe recordar que a la empresa la trajo Cristian Breitenstein, que dijo cuando llegaron que “es una empresa que está emergiendo en distintos lugares de la Argentina con mucho éxito y esperamos que también lo tenga en esta ciudad».
Claramente fue todo un desastre.
En su momento legisladores de la Coalición Cívica denunciaron que Covelia era una empresa de Hugo Moyano. Eran épocas en que la Coalición defendía la transparencia y denunciaba corrupción.
Quiénes manejan la Sapem Ambiental
Luego de la salida de Ernesto Aguirre, asumió como presidente de Bahía Ambiental Sapem Juan Lucas Vélez.
Él es la máxima autoridad, aunque cuenta con un directorio político integrado por miembros de la Municipalidad y del Concejo Deliberante.
Vélez es contador público y participa del entorno del secretario de Gestión Urbana Tomás Marisco y el de Gobierno, Marcos Streitenberger.
De hecho era contador de la Sapem Transporte antes de llegar a la presidencia de la Ambiental.
Tuvo un momento de exposición luego de que él y su hermano sufrieran un robo: sugirieron que la policía había participado del hecho pero en lugar de denunciarlo a la fiscalía pidieron una reunión con autoridades de la fuerza, a través del presidente del Concejo Deliberante Nicolás Vitalini, también abogado de los Vélez junto a su hermano Juan Ignacio. Todo, como mínimo, desprolijo.
En fin, el manejo operativo político interno de BAS está en manos de la secretaría de Gobierno de Marcos Streitenberger y de la subsecretaría de Gestión Ambiental de Gastón Lucatini.
Transparencia y control
Al igual que Bahía Transporte Sapem, Ambiental tampoco cumple con la ordenanza de Gobierno Abierto aprobada por el Concejo Deliberante, que exige información pública.
El intendente Gay siempre destaca que “abrieron” los datos, pero la realidad es que fueron muy pocos y estáticos, sin actualizaciones desde 2019.
Entonces, de transparentes no tienen nada. Formalmente las controla el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Y, en teoría, hay una participación activa de al menos un concejal opositor en el Directorio.
La formalidad contable aparentemente se encuentra aceitada, pero es imposible saber sobre el manejo de los fondos de la Sapem. Tampoco se puede saber cuánto gastan en recursos humanos, ni quiénes son, ni qué hacen.
Muchos se preguntan a quiénes les compran por ejemplo los uniformes, o las bolsas de residuos, los repuestos que se necesitan, la ropa de seguridad o los neumáticos. Y si existen en esos rubros algún tipo de sobreprecio o de contratación dirigida a empresas de familiares o amigos.
Tampoco se puede hacer ningún tipo de comparación en la compra de combustible, ni controlar si se compra de más o lo necesario.
Menos control aún en temas como materiales o insumos, asesoramientos profesionales, obras civiles que hace la propia Sapem, por ejemplo el Punto Limpio de Noroeste, o arreglos y modificaciones que se realizan en la sede de calle Parchappe. Ni cuánto se invierte en publicidad en medios de comunicación.
O qué sucede con las cajas de los camiones o contenedores que podrían ser consideradas como chatarra.
Tampoco se sabe nada sobre la posibilidad de vender camiones, camionetas y otros vehículos, máquinas viales o herramientas que tienen demasiado uso.
Privatización que no fue
En 2020, el intendente Héctor Gay dijo públicamente que quería privatizar el servicio de recolección de residuos.
Sostuvo que el motivo más importante era que el Tribunal de Cuentas de la provincia, el órgano que controla las cuentas del Municipio, creía que esta figura legal de la Sapem no era la adecuada.
“Tiene un régimen de control diferente al de los municipios y hay algunas cuestiones de rendición de cuentas y monitoreo que se eluden por la propia constitución de la Sapem y para este tipo de prestaciones, que insumen un importante erogación de dinero, no ven con buenos ojos”, afirmó Gay en ese momento.
El eje era la transparencia. La poca transparencia:
- tienen un control diferente al de los municipios;
- y eluden la rendición de cuentas y el monitoreo que tiene el mismo Municipio.
En ese momento el intendente Gay también explicó que con la privatización de la Sapem iban a incluir la recolección de residuos en General Daniel Cerri, pero finalmente ahí decidieron armar una licitación aparte y aceptar un jugoso contrato con más preguntas que respuestas.
Un decreto que jamás se publicó
Actualmente se sigue prorrogando el contrato originario, que ningún gobierno se animó a hacer público.
Hay un decreto (número 2016) con fecha el 14 de noviembre de 2012, que declara la emergencia del servicio de higiene urbana y le da la prestación del servicio de limpieza a Bahía Ambiental Sapem.
Es el decreto original por el que el Municipio le entrega el servicio de recolección de residuos urbanos a BAS. Ese decreto no está publicado.
Pasaron muchos secretarios de Gobierno y de Medio Ambiente, pero ninguno lo difundió.
Sigue en papel oculto en algún escritorio. Ni Sebastián Serra, titular de la Agencia Ambiental en el gobierno de Bevilacqua, ni Streitenberger en el gobierno de Gay lo hicieron público.
En el Registro Oficial, el lugar donde se publican todos los actos administrativos legales del gobierno local, no aparece. “No hay resultados”, te dice.
Como decíamos, el gobierno estuvo a punto de privatizarla, pero finalmente entre Héctor Gay, Juan Vélez, Marcos Streitenberger y Gastón Lucatini decidieron no tener mayores problemas y autorizaron una extensión del contrato original por recolección de residuos hasta el 18 de noviembre de 2024.
Será el nuevo intendente, Federico Susbielles, quien deberá decidir oportunamente sobre la continuación o no del contrato más oneroso del Municipio.
