Bahía tiene uno de los boletos de colectivo más caros del país. En estos días el Concejo debatirá llevar la tarifa plana de $ 195 a $ 345.
Pero, ¿cómo se define la tarifa de colectivos? ¿de taxis y remises? ¿qué es un estudio de costos?
Todo lo vinculado al sistema público de transporte y al control del tránsito es muy complejo y pasa por distintas manos, aunque hay algunos denominadores comunes.
Y es que las definiciones alrededor de esto no es solo el costo de las tarifas, incluyen recorridos del transporte, control del tránsito, administración de parquímetros y toda la movilidad en general de lo que pasa en la calle.
Son demasiadas aristas con actores e intereses cruzados. Por eso fue durante muchos años un lugar a dónde poner la lupa, aunque mucho no se controló.
El nacimiento de la Sapem
En 2012 el sistema no se aguantaba más y el equipo de Gustavo Bevilacqua sacó a Plaza, una empresa que daba un servicio impresentable.
Para eso creó una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) para administrar todo el sistema.
Aunque formal y jurídicamente no, la realidad es que las Sapem funcionan como una empresa estatal, de la cual el Municipio tiene el 98% de las acciones y el control absoluto y total de todo lo que se hace.
También es financiada por el propio Municipio, que se auto paga por administrar el transporte, pero los controles son mucho menos de los que tiene el gobierno Ejecutivo.
Bahía Transporte Sapem (BTS) arrancó administrando todo el sistema:
- dando el servicio de 3 líneas de colectivo: 502, 504 y 519A; ahora solo le queda la 519A;
- gestionando la Tarjeta Urbana que luego se cambió por el sistema SUBE;
- y administrando el servicio de parquímetros, que ahora depende directo del Municipio.
Por estos servicios la Municipalidad le paga a BTS. Cobra alrededor de 10% mensual de lo recaudado por el servicio de gerenciamiento del sistema de transporte. También cerca de $18 por cada pasaje de los que viajan en su línea.
Y como es una empresa deficitaria, el Municipio le paga, a través de lo que llaman aportes de capital, para cubrir ese déficit todos los meses.
Quiénes manejan la Sapem Transporte
Federico Hartfield es el presidente de BTS y su máxima autoridad, aunque cuenta con un directorio político integrado por miembros de la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
El manejo operativo político interno de la Sapem está en manos de la secretaría de Movilidad y Gestión Urbana de Tomás Marisco.
Ninguna de las 2 Sapem que tenemos cumple con la ordenanza de Gobierno Abierto aprobada por el Concejo Deliberante, que exige información pública.
El intendente Gay siempre destaca que “abrieron” los datos, pero la realidad es que fueron muy pocos y estáticos, sin actualizaciones desde 2019.
Entonces, de transparentes no tienen nada. Formalmente las controla el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Y, en teoría, hay una participación activa de al menos un concejal opositor en el Directorio…
La formalidad contable aparentemente se encuentra aceitada, pero es imposible saber si se pagan sobreprecios, o si se realizan compras a empresas de familiares o amigos. Tampoco se puede saber cuánto gastan en recursos humanos, ni quiénes son, ni qué hacen.
¿Y el estudio de costos?
Una de los fundamentos para que BTS preste servicios de líneas de transporte era que sirviera de “empresa testigo de costos del sistema”.
Pero, pero, pero…
Además de BTS hay otras 2 empresas (bien privadas) que participan del sistema manejando las otras 16 líneas de transporte urbano: San Gabriel, de Gabriel Chiuccarriello y Rastreador Fournier, de Lemos y Rodríguez.
Uno de los propietarios de Fournier es Julián Lemos, ex concejal y ex secretario de Economía del Municipio. Y una persona clave en el Grupo de medios La Nueva.
Chiuccariello y Lemos/Rodríguez vienen administrando hace muchos años los colectivos y tienen una participación importante en la definición del costo del boleto, que termina definiendo, además, los subsidios que reciben.
Ahora hay una tercera empresa que agarró las líneas nuevas que se habilitaron desde la Muni: «Vía 51», de Dante y Mariano Lange, presta el servicio de la 520 que va al Aeropuerto y de la 521 Bosque Alto – Carrindanga.
Fuentes del sector aseguran que el 70% de los ingresos de las empresas es aportado por el Estado y el otro 30% por los boletos que abonan los usuarios.
Está claro que sin el aporte de subsidios estatales las empresas serían altamente deficitarias y no podrían trabajar. Pero si esto es así, ¿por qué no las administra el gobierno local directamente? ¿O al menos pone las reglas como en un principio en la salida de Plaza?
El estudio de costos es realizado en teoría por el área de Tránsito y Transporte (Movilidad Urbana) del Municipio, a cargo de Ramiro Frapiccini. Luego se envía al Concejo Deliberante para su aprobación.
Fuentes del Municipio cuentan que las empresas participan activamente en la definición del estudio enviando la información relacionada a los costos de funcionamiento, y el control sobre esos datos no sería de lo más intenso.
¿Cuánto cuesta reponer una rueda? ¿Los amortiguadores? ¿Sueldos? ¿Son valores del mercado los que tienen el estudio de costos? ¿Participa Sapem con los datos sobre su única línea para establecer los precios?
Las empresas cobran dinero del Estado en función de los pasajeros transportados cada mes. Cobran $ 18 por cada pasaje que registre SUBE en sus líneas administradas.
Bahía Transporte Sapem recibió como Aportes de Capital por parte del Municipio un total de $ 381.654.000 durante 2023. Del resto de lo que se abona a las empresas no hay datos.
Hace unos años, en 2020 el intendente Héctor Gay dijo que «seguramente se privatizará Bahía Transporte Sapem». Sin embargo, eso no ocurrió.
Sí ocurrió que fueron achicando su funcionamiento: le pasaron a la Municipalidad el servicio de estacionamiento medido y pago y con él también a los empleados que hoy controlan parquímetros desde Gestión Urbana.
Prácticamente un regalito
En el achique decidieron prácticamente regalarle a Gabriel Chiuccarielo, dueño de la empresa San Gabriel, 2 líneas más que hasta ese momento manejaba la Sapem: la 502 y la 504, que supuestamente eran deficitarias.
El empresario las tomó contento con el supuesto déficit y todo.
Lo explicó el mismo Ramiro Frappicini en conferencia de prensa:
“Para Sapem, con el conjunto de las líneas los costos empataban a los ingresos o eran menores, y la Municipalidad, que es el socio capitalista, durante la pandemia financió todos esos déficits. Por eso, como aún estamos en un 40% del nivel de prestación, sin horizonte de normalización, la idea es achicar el negocio y pasárselo a la empresa que tiene más espalda para hacerlo”.
En síntesis: un empresario asumió los costos de 2 líneas deficitarias. Posta.
El traspaso de las líneas implicaba la venta de los colectivos de esas 2 líneas y que San Gabriel se hiciera cargo de los 32 choferes, manteniendo las condiciones de antigüedad, categorías, y otros beneficios laborales.
En esta movida, Sapem le vendió 17 colectivos a Chiuccarielo a un valor que, según los concejales del peronismo, estaba muy por debajo del valor real.
“Se vendieron colectivos modelo 2012 marca Mercedes Benz, al valor de un Chevrolet Corsa 2010 o de un Renault Clío 2005, a 550 mil pesos”, denunció Walter Larrea de manera pública.
Al margen, o no: Vanina Chiuccariello salió adjudicada para poner uno de los Carritos del Parque de Mayo. Se presentó y ganó un lugar: la Cantina N°4, donde abrió «HELL´S PIZZA». Esas licitaciones estuvieron a cargo de Movilidad Urbana.
¿Y qué pasa hoy?
Los oficialismos siempre necesitan que los estudios de costos sean aprobados con rapidez: cada vez que no fue así hubo protestas y aprietes de la UTA.
A principios de 2015 fue la última vez que el sindicalista Ricardo Pera tuvo problemas con el Concejo por la aprobación del boleto. En Sarmiento 12 nadie tenía mayoría y había que debatir sí o sí.
En una sesión que tuvo gritos, bombos y aprietes, y que terminó a la madrugada, se les aprobó un aumento de 12% cuando pedían 30%… Ahí Pera anunció paro.
Pera era concejal. Incluso en esa sesión maratónica lo denunciaron por pegarle a 2 colegas suyos, pero es otra historia…
Luego al asumir Gay y ganar concejales, los funcionarios de Tránsito y Movilidad Urbana no tuvieron más inconvenientes con nadie.
Las empresas, concejales, funcionarios y sindicalistas, siempre han estado de acuerdo. Los aumentos que eran una vez al año pasaron a ser mucho más frecuentes. Y no hay paro de colectivos.
Los últimos salieron con la mayoría automática de Juntos por el Cambio, pero esta vez pasó algo extraño, o no tanto.
A menos de 10 días del recambio de concejales y autoridades municipales, los ediles oficialistas afirman que no se podía votar el aumento de colectivos y taxis en la sesión extraordinaria del martes por una cuestión de procedimientos.
Ahí el peronismo, que venía votando en contra pero que será oficialismo desde el martes próximo, juntó firmas para convocar a una sesión extraordinaria hoy y tocar ese tema.
Los de Juntos quieren que el “costo político” de un aumento lo pague el nuevo gobierno. La oposición que será oficialismo quiere que sea al revés.
En el medio de protestas, tensiones y una pelea que se cuela hasta en los consensos que se necesitan para definir quién presidirá el Concejo Deliberante.
La frutillita: la prórroga
Bahía tiene los mismos recorridos desde hace décadas. Y claramente la ciudad no es la misma que hace 30 años. Sumaron ahora una línea nueva que va por Carrindanga hasta Bosque Alto pero no más que eso.
Entre 2019 y 2020 debía debatirse la concesión de la explotación de las líneas, una magnífica oportunidad para repensar estructuras, líneas, recorridos y controles del servicio, entre otras cosas.
Sin embargo, el Concejo decidió darle una prórroga en octubre de 2020 utilizando la pandemia como fundamento: esa prórroga se extiende hasta el 1 de julio de 2025…
En la ordenanza le piden a San Gabriel y Rastreador Fournier que se comprometan a “revisar las trazas actuales en función de las nuevas condiciones de prestación como consecuencia de la pandemia y a incorporar modificaciones estructurales que promuevan el viaje en transporte público de pasajeros”.
Pasaron 2 años desde esa ordenanza y nada cambió.
Bonus track de Tránsito y Movilidad: Cecaitra y los radares de foto multas
Otro tema interesante en el ámbito del tránsito es el convenio que el Municipio tiene con Cecaitra, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.
Se trata de una institución que recauda dinero en distintas ciudades a partir de la colocación de radares de velocidad y foto multas.
Ellos se comprometen a poner la tecnología y la Municipalidad a decirle en qué lugares poner los radares. De hecho se encarga de meter la info de las multas en el SACIT, el sistema informático que tiene la provincia.
Un acuerdo entre Cecaitra y el gobierno provincial que, desde las épocas de Daniel Scioli, le fue dando beneficios y cuantiosos ingresos a la institución.
Hace unos años, el periodista Jorge Lanata presentó una investigación donde contaba que Cecaitra «si bien figura como una asociación civil sin fines de lucro, reparte millones de pesos en ganancias«.
También denunció que la Cámara está integrada por 16 empresas pero que la mayoría tenían nombres repetidos en sus directorios.
Otra irregularidad denunciada era que los directivos de la Cámara habían dejado sus cargos para trabajar en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cecaitra ya había sido denunciada en otras oportunidades por manejos similares con Municipios y los investiga la justicia federal de Morón.
De las multas que ellos hacen, se llevan el 32%, el Municipio 48% y la provincia 20%. Negocio redondo para todos.
En la gestión de Héctor Gay, Bahía incorporó 18 radares fijos y cámaras de foto multa que no paran de multar y recaudar.
Fuentes del Municipio cuentan que Cecaitra quiere instalar los radares en lugares donde pueda hacer muchas multas, sin tener en cuenta los puntos estratégicos que servirían para bajar la velocidad y evitar accidentes.
Y generalmente logran su objetivo:
- hay 2 en Don Bosco al 3.000 que son de los más recaudadores ya que es una calle que tiene una velocidad máxima permitida de 40 km por hora, pero los autos por lo general van a 60 km, recién entrados de la ruta.
- Los 2 de Perón al 3.700 en Carrindanga y los de Alfonsín al 900 sí cumplen la función de minimizar la velocidad y en general se los respeta.
- Después hay 4 en Avenida Alem, ubicados en las intersecciones de Caronti, Casanova, Córdoba y Uruguay. No aparecen muy señalizados ni parecería que estén cumpliendo el objetivo de frenar a los autos, sino más bien de que vayan a mayor velocidad de la permitida y clink caja.
- Los otros que están operativos son en Sívori al 4.900, Drago y 1810, Drago y Esmeralda, Colón y Brown y 14 de Julio y Pilmaiquén, este último en la entrada de Patagonia.
- Y hay 2 llamativos, que son unos tótem que a veces andan y otras veces no, pero que cuando andan te multan, que están en Urquiza al 200 en el Paseo de las Esculturas y en Cabrera al 4.000 en sentido hacia el centro de la ciudad.
Después tenés 4 que están esperando ser calibrados correctamente, y están ubicados en Juan Manuel de Rosas al 2.400 y al 2.700 y 2 en el Camino Sesquicentenario.
Y hay 8 que les falta instalación y energía, pero en cualquier momento arrancan a sacar fotos: en la ruta 35 apenas salís de Bahía; en ruta 3 y Charlone, un lugar con muchos accidentes; Colón y Brown y Rafael Obligado al 4.500.
En síntesis, hay 18 radares activos y 12 que en breve estarán habilitados. Van a ser 30 radares recaudando para Cecaitra.
Y hay que sumar 4 radares móviles que la institución entregó al Municipio y se encuentran en uso.
Toda la coordinación del convenio firmado en 2019 por Gay está a cargo del Subdirector de Seguridad Vial del Municipio, Mauro Plaide, y por parte de Cecaitra queda a cargo Américo Di Blasio.
